El déficit de tarifa, es un artificio contable, un efecto perverso del fraudulento sistema inventado por el PP de Aznar para calcular el precio de la electricidad que el PSOE de Zapatero no se atrevió a desmontar. Este tinglado nació en el año 1997, al promulgar el Gobierno de José María Aznar la Ley 54/1997 que liberalizaba el sector eléctrico español. Hoy, José María Aznar es asesor externo de Endesa, cargo por el que percibe un sueldo que ronda los 200.000 euros anuales.
Es realmente una estafa, una supuesta deuda que los consumidores han contraído con las mayores empresas eléctricas (principalmente Iberdrola, Endesa y Gas Natural), que viene siendo objeto de un discurso simplista e interesado por parte de las eléctricas y medios de comunicación con sustanciosos contratos publicitarios, que se limitan a atribuirlo al coste de las energías renovables.
Sin embargo, a la sociedad no se le ha explicado que el déficit tiene su origen en el proceso de privatización del mercado eléctrico que se inició en 1998. Tampoco que para el abono de tal deuda el gobierno de Zapatero aprobó el Fondo de Titulación del Déficit del Sistema Eléctrico, con emisiones de deuda avalada por el Estado pero gestionado por los bancos, a los que se les hace partícipes del jugoso banquete. En conjunto, el Fondo gestiona unos 24.000 millones de euros, que pagaremos hasta el 2020 a través del recibo de la luz.
Un negocio redondo para las eléctricas que, argumentando que es para compensar sus pérdidas, cobran unos superbeneficios añadidos a los beneficios que ya obtienen, y también para los bancos que se hacen con el jugoso negocio de los intereses de la deuda titulizada de 24.000 millones sin poner un solo euro de su propiedad. ¿Será acaso otra vía de ayuda para sanear las pérdidas de la burbuja inmobiliaria? ¿Por qué será que las eléctricas contratan a políticos como Aznar, González o Salgado, cuando dejan el gobierno?
Desde hace tiempo, el Gobierno no regula el precio de la electricidad sino que éste es fijado en un mercado oligopólico donde las empresas que venden y compran energía son en la práctica las mismas y tienen un enorme poder de influencia sobre el precio resultante. Este proceso de privatización se ha llevado a cabo sin contar con la ciudadanía y ha conducido a un mercado cuyo funcionamiento es totalmente opaco para la sociedad.
Existen dentro de ese mercado muchos mecanismos que son responsables de la subida del precio de la electricidad y del déficit de tarifa: las primas a fuentes de energía emisoras de CO2 como carbón y gas natural (pagos por capacidad), la anulación anticipada de los Costes de Transición a la Competencia (por la que se estima que las eléctricas deberían devolver 4.000 millones de euros), los ingentes beneficios de centrales hidroeléctricas y nucleares que ya están amortizadas, o los mercados de futuros de electricidad en los que entidades financieras obtienen cuantiosos dividendos (subastas CESUR).
La suma de estos mecanismos, sospechosos para la CNE de haber sido manipulados en varias ocasiones durante la última década, conllevan un elevado coste y carecen de los beneficios que las primas a las renovables aportan al sistema de generación eléctrica: disminución de emisiones de CO2 y de importaciones de combustibles fósiles y, más genéricamente, ser la piedra angular de la inexorable transformación del modelo energético.
Es por tanto un error eliminar las primas a las renovables con la acusación torticera de ser las responsables del déficit de tarifa. En todo caso, me parece indignante que sean precisamente las empresas eléctricas –un oligopolio que, desde la privatización y a pesar de la crisis, no ha dejado en ningún momento de anunciar beneficios desproporcionados– las que reclamen al Estado unas supuestas pérdidas que superan el 6% de los Presupuestos Generales. Una cantidad comparable a todos los recortes realizados por el último Gobierno del PSOE o al primer gran paquete de recortes del PP. La propia CNE ha sugerido recientemente la necesidad de revisar la deuda sin descartar la aplicación de quitas parciales, lo que ha provocado el rechazo unánime de la patronal eléctrica, UNESA.
Creo que antes de discutir los mecanismos técnicos para reducir el déficit de tarifa, los ciudadanos debemos reclamar que se abra un debate social amplio sobre el origen y la legitimidad de esta deuda. Para ello, es necesario insistir en que el déficit de tarifa no es la diferencia entre lo que cuesta producir la electricidad y lo que pagamos por ella sino la diferencia entre los “costes reconocidos del sistema eléctrico y lo que el sistema ingresa vía tarifas”, que suena lo mismo pero no es igual.
(Fuente: web lacebolla.es)
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